El proyecto de Ley que estipula la rebaja de intereses en préstamos para pasivos otorgados por bancos estatales, se mantiene a la espera de ser considerada antes del cierre de la legislatura.
El Diputado Nicolás a través de una nota remitida a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, solicitó la consideración del proyecto de ley de su autoría, presentado en el mes de noviembre de 2016.
La iniciativa propone establecer topes máximos a las tasas de interés que fijan los bancos estatales (BROU y BPS) en los préstamos sociales para pasivos, pretendiendo así “abordar con un criterio de equidad y justicia la situación por la que atraviesa la clase pasiva de menores ingresos que debe recurrir al perverso circuito del endeudamiento a través de préstamos de consumo”
El proyecto alcanza a los préstamos otorgados por el Banco República y/o el Banco de Previsión Social a jubilados y/o pensionistas cuyos ingresos no superan las 4 B.P.C (Bases de Prestaciones y Contribuciones), que sumado a la fijación de tasas máximas de interés, propone un régimen de consolidación de deudas.
El BROU se opuso a la fijación de topes máximos a las tasas de interés de los prestamos sociales otorgados a pasivos cuyos ingresos no superan 4 B.P.C.
La propuesta del Diputado Olivera – que fue acompañada por otros legisladores nacionalistas – atiende específicamente a la situación de aquellos pasivos que por sus bajos ingresos (menos de $ 16.616) se encuentran al límite o por debajo de la línea de pobreza, debiendo recurrir al mecanismo del endeudamiento para poder solventar sus necesidades básicas.
En la propia exposición de motivos, Olivera señalo que la clase pasiva de menores ingresos se ve obligada a “recurrir al perverso circuito del endeudamiento a través de préstamos de consumo que el propio Estado, por medio de su banca oficial y sus respectivas líneas de crédito social, provee con intereses que con este instrumento legal buscamos ajustar”.
Esta iniciativa fue inmediatamente rechazada por el Directorio del Banco República, quien hizo saber a la Comisión de Hacienda su opinión a través de una nota suscrita por el Presidente Ec. Jorge Polgar, donde deja constancia que la propuesta “perjudica al BROU, desnaturalizando su accionar, afectando su rentabilidad y poniéndolo en desventaja frente a otras empresas e instituciones de crédito”.
Esta rápida negativa resultó llamativa para Olivera, por cuanto el propio BROU destinaba en la misma fecha entre el 15% al 30% de sus utilidades al FONDES, que en 2013 significaron 30 millones de dólares, y en el año 2018 el banco país cerró su ejercicio con U$S 440 millones de dólares de ganancia.
Cerca del 60% del total de pasivos ganan menos de 4 B.P.C
Cabe recordar que según los datos contenidos en la exposición de motivos, en a la fecha de la presentación del proyecto existían aproximadamente unos 614.000 pasivos (Informe sobre Prestaciones de Pasividad a Julio 2016, AGSS, BPS), de los que 205.500 mantienen préstamos sociales del ente previsional, mientras que 157.629 han suscrito préstamos sociales con el Banco de la República.
Sobre un total de 363.129 créditos, el Diputado Olivera indicó que “90.880 son los pasivos que han recurrido a esta forma de endeudamiento en ambas modalidades. Esto arroja un saldo de 272.249 pasivos que se encuentran endeudados con las divisiones de crédito social de ambas bancas estatales, lo que supone que el 44% de la clase pasiva mantiene comprometida su pasividad”.
En este contexto, afirmó que cerca de 370.000 pasivos (aproximadamente un 60% del total) ganan menos de 4 BPC.
Cuando el Estado se endeuda paga menos interés que los pasivos de menores ingresos
Explicó el diputado sanducero que la operativa financiera de créditos sociales suponen escaso o nulo riesgo para las entidades bancarias al ser respaldados por vía de retención, siendo sensato – como política social – “instrumentar medidas que permitan amparar equitativamente al sector pasivo de más bajos recursos, que percibe ingresos en el entorno o por debajo de la línea de pobreza y que en forma recurrente deben endeudarse con los bancos públicos a tasas del 30% para satisfacer sus necesidades esenciales, a diferencia del propio Estado que claramente abona tasas inferiores cuando funge como deudor”
