El pasado martes 16 de octubre, la Comisión Especial del Asuntos Municipales continúo con el tratamientos de los proyectos de ley relativos a la modificación del régimen de descentralización, de la cual participó el Director de Descentralización Pedro Apezteguía por OPP y el Diputado Nicolás Olivera, promotor del proyecto de fortalecimiento de los Municipios.
En dicha oportunidad, se analizó el proyecto del Poder Ejecutivo, que entre otras iniciativas, incorpora la modificación de la integración de los Concejos Municipales. De aprobarse la iniciativa pasarán a integrarse por tres integrantes, número que podrá aumentarse por la Junta Departamental en función de la cantidad de habitantes del Municipio o por su extensión.
Entre varias de las consultas planteadas, el diputado Olivera señaló que le resultaba llamativo la postura del Poder Ejecutivo en relación a la definición de la materia municipal, ya que el texto proyectado prevé una definición amplía que va en sentido contrario a los planteos realizados por los propios Alcaldes y Concejales, quienes reclamaban una mayor definición y claridad de sus cometidos, como forma de establecer en forma concreta la competencia de las autoridades locales frente a la Intendente.
Asimismo, también fue considerada la propuesta de OPP que señala que en los Municipios de menos de 1000 habitantes, los cargos de Concejales y Alcalde serán honorarios, a diferencia de lo que establece la ley vigente.
Tema PILI
En una tensa sesión, la Comisión de Industria, Energía y Minería de la Cámara de Representantes recibió al Ministro de Trabajo y Seguridad Social Ernesto Murro, a fin de conocer la situación actual de la industria láctea y en particular la viabilidad de la empresa sanducera PILI S.A.
Luego de una primera intervención del diputado del Partido Nacional Rodrigo Goñi, el Ministro contestó “Tengo una duda: no sé a que vinimos. Si se parte de la base de que no somos creíbles, de que nos tenemos que ir, la pregunta es a qué vinimos”.
Ante la postura del señor Ministro, el diputado Olivera – quien concurrió a la Comisión – expresó “Debo mostrar mi sorpresa. Creo que no está claro en qué consiste el rol del legislador y del Parlamento y en qué consiste la figura del invitado, en este caso, un ministro de Estado. Los ministros de Estado vienen al Poder Legislativo a dar explicaciones. Obviamente, pertenecemos a partidos políticos distintos. El ministro de Estado no viene a buscar apoyo del Partido Nacional, del partido oficialista ni de ningún otro. Viene a dar explicaciones.”… “ Creo que lo que necesitamos es estatura en este momento de crisis. Reitero: estatura. Y el señor ministro no puede decir que no sabe a qué vino; creo que mientras sea ministro va a tener que seguir viniendo al Parlamento y va a tener que seguir dando explicaciones”.
Situación de PILI
En relación a la situación de PILI, el Ministro Murro expresó que “La decisión de ir a concurso fue de la empresa, fue voluntario. Ante las dos perspectivas de concurso voluntario y de concurso necesario -el que piden los acreedores-, el primero de ellos, el voluntario, el pedido por la empresa, ayuda o es menos malo que lo que hubiera sido el concurso necesario y es en el proceso que se está en este momento por la vía judicial; estamos tratando de salvar la cuenca lechera de Paysandú -por eso trabajamos directamente con la Asociación de Productores de Paysandú-, los puestos de trabajo de la industria Pili y los que existen en otros sectores que están directa o indirectamente vinculados.”
Al respecto, el diputado Nicolás Olivera consultó si respecto de PILI – ante su eventual liquidación- se está analizando la posibilidad de que se exploren caminos para una posible autogestión por parte de los trabajadores. En dicho sentido, consultó al Ministro si dicha cartera está al tanto de esta posibilidad, preguntando directamente si ha sido el Ministerio quien la ha promovido.
Sobre el punto el Ministro expresó …”los trabajadores de Pili solicitaron asesoramiento al Inacoop, y se les brindó. ¿Qué van a hacer los trabajadores? Esa es una decisión de ellos. Sí tienen el asesoramiento del Instituto Nacional del Cooperativismo. Cuando recibimos la solicitud, inmediatamente una delegación del Instituto fue a Paysandú, y sigue en contacto permanente con ellos.”
Ley de inmuebles urbanos vacíos y degradados
En la sesión del pasado martes 16 de octubre, se sancionó la ley que establece el régimen jurídico aplicable a inmuebles urbanos vacíos y degradados, sancionando a los propietarios que no cumplan con los deberes de cuidado mínimos que fija la ley.
Olivera apoyó la iniciativa en general, por entender que era un buen mecanismo, aunque no acompaño algunas disposiciones del proyecto. Sobre el particular expresó “En Uruguay, como ciudadanos, estamos muy acostumbrados a demandar los derechos que nos corresponden. Somos los primeros que golpeamos la puerta de este Estado benefactor para reclamar todos los derechos que podamos manotear…Pero muchas veces dejamos de lado la contracara que suponen esos derechos, porque también engendran deberes, y ser propietario de un bien engendra deberes que están previstos en la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible….” “Me genera entusiasmo que bienes que están desocupados, vacíos, degradados, inmersos en una trama urbana, puedan ser útiles a la sociedad. Pero lo que no me genera entusiasmo son los medios utilizados para activar esos bienes… entiendo que el proyecto no resolvió del todo bien los mecanismos procesales.”
Más allá del apoyo general brindado al nuevo mecanismo, el Diputado sanducero fustigó las inconsistencias del proyecto, señalando que la redacción que en definitiva resultó aprobada puede atentar contra principios como el de la seguridad jurídica, al establecer por ejemplo, que el plazo considerado para declarar a los inmuebles como vacíos y degradados se fijó en forma retroactiva. En concreto apreció que “Una vez que se apruebe esta iniciativa, ese propietario, que quizá fue omiso en sus deberes de conservación pero no conocía las consecuencias, porque se van a establecer recién ahora, con la aprobación de este proyecto, tendrá que enfrentar una situación que no pudo prever ni corregir. La retroactividad de la ley perjudica el derecho de propiedad y no permite corregir eventuales malos ejercicios del derecho de propiedad de personas que abandonan sus bienes o los dejan ociosos”.
