El legislador sanducero indicó que “el Estado de Derecho que sustenta nuestra Constitución de la República tiene sus cimientos en principios tales como la separación de poderes y el reconocimiento expreso de lo que se ha denominado el “gobierno de las leyes” donde el Estado se somete a las normas que dicta, siendo responsable ante los Tribunales conforme lo determina el propio artículo 24 de la Carta Magna. A partir de la simple lectura del Proyecto de Rendición de Cuentas remitido por el Poder Ejecutivo, se aprecia el establecimiento de un nuevo capítulo en el conflicto de larga data que se mantiene con los funcionarios del Poder Judicial.
Hoy, a partir del Artículo 15 del Proyecto, se pretende agregar un nuevo eslabón a la larga cadena de iniciativas inconstitucionales promovidas por los gobiernos de Mujica y Tabaré Vazquez, que tuvo su inicio en el año 2010 cuando no reconoció los “enganches” de varios cargos en el aumento de los salarios a los Ministros de Estado dispuesto por la Ley Nro. 18.719. El Artículo 64 de la mencionada ley – entre otros – es el que da fundamento al 26% de aumento reclamado por los funcionarios judiciales que ya cuenta con sentencia firme favorable, y que el gobierno NO quiere cumplir. La intención de desconocer las sentencias dictadas por el Poder Judicial, no es una accionamiento disimulado u oculto, sino que por el contrario resulta explícito y reiterado, como podrá apreciarse en las sucesivas iniciativas legislativas que al amparo de la mayoría absoluta en ambas Cámaras vieron la luz, para luego ser declaradas sistemáticamente inconstitucionales por la Suprema Corte de Justicia”.
